Niega SCJN amparo a La Jornada contra Letras Libres

Julio Olvera

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó un amparo a la revista Letras Libres, que exime a esta publicación de cualquier responsabilidad sobre el contendido de una columna periodística que vinculó, hace siete años, al periódico La Jornada con el ahora extinto grupo separatista vasco ETA.

Con cuatro votos contra uno, la Primera Sala de la SCJN se pronunció así, por primera vez, sobre el derecho a la libertad de expresión en litigios entre medios de comunicación en México.

En 2004, La Jornada demandó a Letras Libres por el daño moral que, en su opinión, le causó el contenido de la columna titulada “Cómplices del terror”, publicada en marzo de ese año por el entonces subdirector de la revista, Fernando García Ramírez.

El periodista cuestionó entonces la alianza de La Jornada con Gara, publicación que fue identificada como brazo político la organización terrorista vasca ETA.

Tras varias apelaciones y juicios, el amparo llegó hasta la Primera Sala de la SCJN para “conocer de la sentencia de segunda instancia que había absuelto a la parte demandada, por ser de interés y trascendencia”.

Dicha Sala, en su sesión de este miércoles, calificó el problema como un conflicto de derechos fundamentales entre particulares donde, por un lado, está el derecho al honor de una empresa periodística y, por otro, el derecho a la libertad de expresión de una revista.

Además, observó que si bien la nota reviste un tono mordaz, no rebasa los límites de la libertad de expresión, además que la parte quejosa pudo hacer uso de su derecho de réplica para refutar las opiniones con las cuales no comulga.

La Jornada, en voz de su coordinador de la sección opinión, Luis Hernández, estimó empero que la resolución del máximo tribunal sienta un grave precedente al legitimar entre los medios de comunicación el trato de la “ley de la selva”.

Hernández, en declaraciones a Radio Fórmula, dijo que esa decisión es un “acto de injusticia”, pues no sólo no repara el mal contra el periódico, sino que ahora da lugar a “la ley del más fuerte”, toda vez que los medios podrán en adelante decir o acusar a otro de cualquier cosa sin necesidad de demostrar tales dichos.

Resaltó que los medios podrán afirmar sin probar o calumniar sin asumir responsabilidad alguna, ya que Letras Libres asoció a La Jornada con el delito de terrorismo; es decir ‒comentó‒ “se le está incriminando una de las acusaciones más graves que se pueden hacer en nuestros”.

Mencionó que como la sentencia de la Corte es inapelable en México, el periódico analizará llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En la misma estación de radio, por su parte, el ministro Arturo Zaldívar, quien sustentó el proyecto de resolución, dijo que la decisión de la Primera Sala de ninguna manera significa que el máximo tribunal “comparta las manifestaciones o los juicios expresados por la revista Letras Libres”.

La SCJN reseñó en un comunicado que la libertad de expresión goza de una posición preferencial frente al derecho al honor, alcanzando un nivel máximo cuando se ejerce por los profesionales del periodismo a través del vehículo institucionalizado de formación de la opinión pública, que es la prensa.

Precisamente, puntualizó, por su finalidad de garantizar el libre desarrollo de una comunicación pública que permita la libre circulación de ideas y juicios de valor inherentes al principio de legitimidad democrática.

Consideró de relevancia pública el tema abordado por la columna periodística, y que La Jornada, como medio de comunicación, goza de la más amplia libertad para increpar el actuar de figuras públicas, pero “también debe tolerar un amplio escrutinio respecto de su propia conducta, igual al que ejerce y cuya protección invoca”.

Lo anterior, anotó, en virtud de su poder como líder de opinión y por su rol dentro del Estado democrático, convirtiéndose así en una figura pública como aquéllas sobre las cuales opina e informa.

Estimó, asimismo, que “el debate en temas de interés público debe ser desinhibido, robusto y abierto, pudiendo incluir ataques vehementes, cáusticos y desagradablemente mordaces sobre figuras públicas o, en general, ideas que puedan ser recibidas desfavorablemente por sus destinatarios y la opinión pública.

De esta forma, aseveró, están protegidas las ideas que son recibidas favorablemente o las que son vistas como inofensivas o indiferentes.

“Estas son las demandas de una sociedad plural, tolerante y abierta, sin la cual no existe una verdadera democracia”, aseveró.

Aclaró que la Constitución Política mexicana no reconoce un derecho al insulto o a la injuria gratuita, aunque tampoco veda expresiones inusuales, alternativas, indecentes, escandalosas, excéntricas o simplemente contrarias a las creencias y posturas mayoritarias, aún y cuando se expresen acompañadas de expresiones no verbales, sino simbólicas.

La resolución aprobada enfatiza que se encuentra protegida no sólo la sustancia de la información y las ideas, sino la forma y tono en que se expresan.

En ese sentido, la Sala sostuvo que la Constitución no obliga a pensar de determinada manera, sino que protege cualquier pensamiento independientemente de su contenido, “incluso aquél que podamos llegar a odiar”.

Concluyó que los ministros resolvieron que las opiniones contenidas en la columna “Cómplices del Terror” deben ser enmarcadas en el ejercicio de la libertad de expresión, como una crítica para comentar la línea editorial de la quejosa.

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