El cese de Carmen Aristegui


Lorenzo Córdova Vianello (*)

La salida de Carmen Aristegui de MVS Radio es lamentable —y condenable— en muchos sentidos. En primer lugar porque, de nueva cuenta, la radio mexicana pierde a una de las voces más reconocidas, valerosas y plurales en los espacios noticiosos matutinos. La agudeza y la independencia de la reflexión crítica que Carmen brindaba a sus escuchas —con la que se podía estar de acuerdo o no— es poco frecuente en un medio caracterizado por el mimetismo y el servilismo frente a los poderes (públicos y privados).

En general, su trabajo, y en particular las emblemáticas luchas que desde la arena del periodismo libró por las causas que ha abanderado (como la denuncia reiterada de la pederastia en la Legión de Cristo —en su momento por muchos condenada y hoy aplaudida—, la batalla contra la concentración mediática o la denuncia y condena de violaciones a derechos humanos) le han valido el reconocimiento nacional e internacional, traducido en numerosos premios, así como la simpatía de grandes franjas de ciudadanía, que se evidencia por el alto rating que ha caracterizado los noticieros que ha conducido.

En segundo lugar, porque las razones expresadas por MVS para justificar el cese de Aristegui son ridículas y preocupantes. Dice la empresa que: “En nuestro código de ética, nos comprometemos a rechazar la presentación y difusión de rumores como noticias” y que “la periodista Carmen Aristegui transgredió nuestro código de ética y se negó a ofrecer una disculpa pública”. Se trata de una afirmación ridícula; por un lado, porque nadie conoce los términos y las condiciones de ese presunto código de ética (como ha sido oportunamente denunciado por la Asociación Mexicana del Derecho a la Información); por el otro, porque si se contrasta la afirmación de la empresa con los comentarios con los que Aristegui cubrió la noticia que provocó su despido (la exhibición de una manta de pésimo gusto, el pasado jueves en la Cámara de Diputados, en las que Gerardo Fernández Noroña y otros legisladores aludían al presunto alcoholismo del presidente Calderón, que ha merecido el repudio generalizado —hasta de López Obrador—), en ningún momento se desprende que se haya presentado como noticia un rumor. Juzgue usted mismo; aquí un extracto que sintetiza el tono usado por la comunicadora en su transmisión del viernes 4 de febrero:

“¿Tiene o no problemas de alcoholismo el presidente de la república? Debería, realmente, la propia Presidencia de la República dar una respuesta clara, nítida, formal al respecto… Si es el caso, si efectivamente hay elementos firmes que hagan presumir, efectivamente, un problema de alcoholismo de Felipe Calderón, tendría que ser tratado con la seriedad del caso”.

Lo que Aristegui hizo fue simplemente expresar su opinión, absolutamente válida y legítima en una democracia constitucional, y con la que se puede estar de acuerdo o no, pero esa es otra historia, en el sentido de que, a su juicio, la Presidencia de la República debía hacer una declaración formal sobre el tema. ¿Eso es presentar un rumor como noticia?

Pero incluso si alguien considera que la manera en la que Aristegui cubrió y comentó la nota era incorrecta, hay mecanismos para contraargumentar ese hecho, como el derecho de réplica que permitía que quien se sintiera agraviado presentara una aclaración (la misma Aristegui en su noticiero recurrentemente abría espacios para ese fin). Los eventuales abusos de la libertad de expresión —que, insisto, a mi entender no es el caso— no se combaten con otros abusos.

En todo caso, además, resulta preocupante lo que está detrás de este episodio. Y son las pulsiones autoritarias que encarna. En efecto, o bien estamos ante una sobrerreacción de MVS que supone, para decirlo en breve, una autocensura por temor a las eventuales reacciones de parte del poder, o bien estamos frente a algo aún más grave, que es una presión por parte del gobierno para que la empresa cesara a la periodista (que en vez de optar por una aclaración, actuó arbitrariamente). Cualquiera de las dos hipótesis, insisto, es sumamente delicada y supone una actitud, ya de un concesionario de un medio de comunicación, ya del poder político, inaceptable en un contexto democrático.

No hay que olvidar que para que una democracia funcione se requieren, entre otras, dos condiciones: pluralidad de medios y pluralidad en los medios. Lo primero en México, simple y sencillamente no existe (el duopolio televisivo es una prueba de ello). Lo segundo, con el cese de Aristegui, se vuelve aún más precario.

(*) Articulista en El Universal. Licenciado en Derecho por la UNAM y doctor en Teoría Política por la Universidad de Turín Italia. Es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (en donde coordina el área de derecho electoral) y profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM.
Experto en temas político-electorales, de formas de gobierno, de control constitucional y de derechos fundamentales. Autor de varias publicaciones de derecho electoral, derecho constitucional y teoría política. Analista y comentarista de temas jurídicos y políticos de El Universal y de varios medios electrónicos de comunicación.

http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/51635.html

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Acerca de juliomoa

Tres décadas dedicado al ejercicio del periodismo.
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