Con o sin Carmen


Por Purificación Carpinteyro

No es sino la continuación de la batalla de los dioses, en la que los mortales suelen ser sacrificados como peones en tableros de ajedrez. Cierto o errado, el código de ética de los barones de los medios está directamente relacionado con su bolsillo, y quien no lo entiende está destinado al apagón.

Desde la aparición de las estaciones de radio y después de los canales de televisión, las concesiones fueron gracias “divinas” que el Ejecutivo en turno otorgaba sin que tuviera que justificar sus actos. A quién y por qué eran preguntas que no se hacían, porque de antemano se conocían los lazos de amistad o de sangre que existían entre los gobernantes y los beneficiarios de tales prebendas.

Tampoco nadie se atrevió a recurrir a la justicia para demandar el otorgamiento de una concesión, a la que cualquier mexicano tendría derecho a aspirar reunidos los requisitos establecidos en ley. Pero, y es que, ¿en dónde está la ley y los requisitos sino en la voluntad del Ejecutivo en turno?

La discrecionalidad en el otorgamiento, prórroga o renovación de concesiones es el uso y la costumbre que ninguna ley ni criterio dictado por la Suprema Corte de Justicia han podido derogar. Su práctica en las comunicaciones se remonta a los comienzos de la radio y la televisión, prevalece desde entonces y se ha hecho extensiva a todas y cada una de las concesiones en el sector de las telecomunicaciones, especialmente las que involucran frecuencias, tal y como si las ondas electromagnéticas fueran propiedad del gobernante en turno.

Si la discrecionalidad es la ley, es consecuencia natural que quien busca favores se esfuerce en ganárselos, aunque para ello tenga que deshacerse de algunos insurrectos que se desvían del código de la “autocensura”.

La práctica de eliminar conductores que incurren en la grave falta de dar su opinión respecto a temas que pudieran resultar incómodos a los gobernantes en turno no es inédita: recordemos el despido inmediato y fulminante de Guillermo Ochoa en su noticiero de Televisa, después de la defensa que se atrevió a hacer frente a cámaras del líder sindical petrolero, Joaquín Hernández Galicia, La Quina, justo después de su captura y detención por el Ejército el 10 de enero de 1989, cuando el entonces flamante presidente Carlos Salinas de Gortari cobró factura por el apoyo que La Quina dio a Cuauhtémoc Cárdenas en las elecciones.

No recuerdo si Televisa salió a dar alguna explicación, pero no era necesario, todos entendían, como debió entender Carmen. El derecho a la libertad de expresión en los medios concesionados está sujeto a la conveniencia de sus dueños, a quienes no conviene confrontar a quienes tienen en sus manos el poder de conceder, y menos en medio de una negociación de miles de millones de pesos.

En el sector privado, las empresas tienen el derecho a contratar o despedir, y los grupos de medios no son más que empresas privadas cuyos dueños establecen su “línea editorial” dependiendo de lo que convenga a los intereses de la empresa, sea de captura de audiencia, anunciantes o políticos. No hay mucho que debatir, los grupos mediáticos buscan maximizar el retorno de la inversión de sus accionistas. Es cuestión de pesos y centavos.

Así, me cuesta trabajo creer que Comunicación Social de Presidencia, tuviera que ejercer cualquier tipo de presión sobre MVS para pedir el despido de Carmen. Estoy segura de que entendían que lo más sabio era dejar pasar y no echar más leña al fuego.

Más bien creo que voluntariosamente la empresa tomó la decisión por así convenir a sus intereses, considerando el costo de su decisión a sabiendas de que tendría consecuencias y que pondría en cuestionamiento la actuación del propio gobierno en relación con un feliz desenlace de las negociaciones sobre las cuestionadas concesiones.

Ahora, gobierno y empresa están contra la pared, y dependiendo de la atención que MVS preste a la conminación de Carmen de restablecer su participación en el grupo, siempre existirá la sospecha de que una u otra posición determinaron el resultado de las negociaciones: sea la negativa a la renovación de las concesiones que MVS tiene sobre 190 MHz en la valiosa banda de los 2.5 GHz, o la eventual prórroga de todo o parte.

Pero ante esto, el problema de fondo en este asunto es la falta de opciones. Así, los comunicadores continúan amordazados por las empresas para las que trabajan. Pero, ¿qué han hecho los legisladores que ahora se quejan? ¿Qué ha hecho la agencia reguladora? Habrá que preguntárselo al comisionado Martínez-Pous de Cofetel, que estima conveniente tomarse su tiempo para licitar nuevos canales de televisión. No hay problema, nadie tiene prisa.

http://www.reforma.com

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Acerca de juliomoa

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