Multa a Telcel y sus implicaciones políticas


Gabriel Sosa Plata

“El prestigio y credibilidad institucional de la Comisión Federal de Competencia está en juego, por lo que hay que ser prudentes”, me dice el comisionado del órgano antimonopolio Miguel Flores Bernés a propósito de la fuerte sanción impuesta a Telcel, de Carlos Slim.

Flores Bernés como Luis Alberto Ibarra votaron en contra de la resolución con la que Cofeco multó por 11 mil 989 pesos a Radiomóvil Dipsa (Telcel) “por reincidir en la comisión de una práctica monopólica relativa, en esta ocasión en el mercado de terminación de llamadas en su red de telefonía móvil”.

“Sí, es muy delicado el asunto”, afirma Flores Bernés, “y como sabes la resolución no es firme, falta la reconsideración administrativa que puede ser presentada en los 30 días después de la notificación de la resolución a los interesados”. Una vez hecho esto, la Cofeco tiene 60 días para resolver los agravios y “hasta en tanto no se resuelva la reconsideración sería ilegal que alguien de la Comisión comente este asunto”, agrega.

El valiente comisionado sabe de lo habla. Particularmente la Cofeco y su presidente, Eduardo Pérez Motta, han estado en el “ojo del huracán” por estas y otras resoluciones que parecieran ser funcionales para los intereses de Televisa en el mercado de las telecomunicaciones y perjudiciales para las telefónicas del hombre más rico del mundo.

Más allá de si Telcel llevó a cabo o no prácticas monopólicas en perjuicio de Axtel y de otros operadores, la decisión de la Cofeco para sancionar ahora y no antes ni después genera suspicacias, porque la resolución se toma justo en el momento en el que hay un intenso movimiento de las televisoras y otros competidores en contra de Telcel y Telmex por sus tarifas de interconexión, al tiempo que por diversos desacuerdos las telefónicas están impedidas de anunciarse en las cadenas nacionales de televisión.

Dice un dicho popular que “nadie sabe para quién trabaja”. La Cofeco trabaja a favor del interés general, pero en esta circunstancia pareciera que es parcial. El presidente del órgano y quien tuvo el voto de calidad para inclinar la balanza a favor de la cuantiosa multa (el comisionado Agustín Navarro se excusó de participar por un posible conflicto de interés, por lo que resolución quedó en manos de dos personas de las cinco que integran el pleno), se defiende y en entrevistas concedidas ayer a diferentes medios de comunicación argumenta que esto es una oportunidad para impulsar la competencia en el sector de las telecomunicaciones.

Un día antes (25 de abril), distribuyó un comunicado de prensa en el que justifica quela Cofeco determinó que Telcel incrementa los costos de sus competidores “al imponerles una tarifa de interconexión (off-net) superior a la que se autoimputa en las llamadas en su propia red (on-net), e incluso superior a los precios finales que cobra a sus propios usuarios”. Y esto, se explica, es una violación de la ley, ya que se abusa del poder sustancial de mercado para desplazar indebidamente a sus competidores, en perjuicio de los consumidores.

Ayer (25 de abril), Telcel dio a conocer su versión. Dijo que la Cofeco pretende sancionarla por el ofrecimiento de beneficios a sus clientes a través de llamadas dentro de su red (on-net), y el diferencial de precio que existe entre esas llamadas entre clientes y la tarifa de interconexión para terminar llamadas en una red móvil que se cobra entre operadores celulares.

Pero resulta que las llamadas “on-net”, dice Telcel, “son características de un mercado en competencia y son una práctica reconocida y empleada en todo el mundo, incluyendo México, donde han existido y existen ofertas variadas de estos beneficios ofrecidos por todos los operadores celulares sin excepción desde hace varios años”.

Sobre las tarifas de interconexión argumenta que éstas fueron acordadas por los operadores y avaladas en diferentes momentos por la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) en diversas de sus resoluciones emitidas durante el periodo comprendido en la investigación.

Y luego de calificar la resolución como “arbitraria, parcial, oportunista y excedida”, Telcel dijo que esperará a que “se transparenten las discusiones del pleno de la Cofeco donde se discutió y aprobó la multa, para poder analizar la excusa planteada por uno de los comisionados para emitir su voto y la valoración realizada por el presidente de la Cofeco a los argumentos de los otros comisionados que votaron en sentido opuesto al suyo para ejercer el voto de calidad ante la falta de consenso en el pleno en tan relevante asunto”.

El tema dará mucho más de qué hablar en los días siguientes y más aún ante el anuncio de Pérez Motta de que viene una nueva resolución en contra de Telcel por dominancia en el mercado de interconexión y, de quedar firme, imponer regulaciones específicas a la empresa.

Es decir, dureza, como debe ser, contra las probables prácticas monopólicas de Telcel, pero tibieza cuando se trata de otros operadores de telecomunicaciones que llevan a cabo prácticas similares. El caso de Productora y Comercializadora de Televisión (PCTV), una empresa de comercialización de canales ligada a la Cámara Nacional de la Industria de las Telecomunicaciones por Cable (Canitec, hoy dominada por Televisa), es ilustrativo.

Como documenta la consultoría Media Telecom, el 17 de junio de 2010 la misma Cofeco impuso una multa de sólo 6 millones 406 mil pesos a 175 empresas integrantes de esa compañía por colusión para evitar la entrada de competidores en zonas donde actualmente operan y por la comisión de prácticas monopólicas absolutas.

La multa más baja para una de las empresas fue de 484 pesos, mientras que Megacable se hizo acreedor a la sanción más elevada, equivalente a un millón 372 mil 133 pesos. Es decir, una multa ridícula si consideramos los argumentos del órgano regulador en el sentido de que estas prácticas pudieron haber derivado en un daño cuantioso en contra no sólo de los competidores sino de los consumidores al tener que pagar tarifas más elevadas por la contratación de paquetes de canales de televisión.

Lo ocurrido con Telcel no es casual. Responde a una estrategia, coyuntural, armada no sólo por el presidente de la Cofeco, sino en general por el gobierno calderonista. Televisa se está “empoderando” más ante el beneplácito de la clase política gobernante.

El gobierno panista está dispuesto a otorgar más beneficios al conglomerado de Emilio Azcárraga, convencido de que su apoyo será fundamental para mantener la presidencia de México.

El presidente Felipe Calderón está en campaña y tiró la toalla de su prometida reforma estructural al sector de las telecomunicaciones. El problema es que su obsesión política pone en riesgo la credibilidad del gobierno y de los órganos reguladores, entre ellos la Cofeco, como bien anticipa Flores Bernés.

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Acerca de juliomoa

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