Carta abierta a la Cofetel


Mtro. Mony de Swaan
Comisionado Presidente
Comisión Federal de Telecomunicaciones
P r e s e n t e .

La posibilidad de contar con una política pública en materia de radiodifusión que apueste por aprovechar las nuevas tecnologías en beneficio de la pluralidad de contenidos se está perdiendo.

Los anuncios realizados por el Presidente de la República la semana pasada sobre la transición a la radio digital terrestre (RDT), un eventual cambio a la Norma Oficial Mexicana (NOM) en el sentido de autorizar la separación entre estaciones FM de 800 Khz actuales a 400 Khz, así como una política para asignar concesiones sin refrendo automático, atendiendo el mandato de la Suprema Corte y reconociendo el papel de la radio y la televisión como piezas clave para garantizar el derecho a la información plural de los mexicanos, son oportunidades históricas para impulsar mayor pluralidad y no sólo mayor negocio concentrado en los mismos actores privados.

Se trata de elementos que, en su conjunto y con decisiones responsables, podrían multiplicar opciones que terminen con uno de los principales problemas que México enfrenta en materia de radio y televisión: la concentración en pocas manos de las principales fuentes de información para todo el país. A pesar de ello, no han implementado medidas para fomentar a su vez más opciones para que exista información plural, sin condicionantes sólo de tipo comercial o político.

La adopción del estándar IBOC (In Band On Channel) para la RDT se realizó con poca transparencia y sin un debate abierto. Aún cuando la implementación de
esta tecnología permite la generación de hasta 4 canales en la misma frecuencia, el Acuerdo del Ejecutivo para llevar a cabo esta transición tecnológica da por hecho que dichos canales quedarán en manos de quien opera la frecuencia, omitiendo la oportunidad de que nuevos actores puedan ocupar alguno de esos canales, como incluso la propia empresa productora de esta tecnología se lo propuso en su momento a la Cofetel.

Tal como lo sostuvo la sentencia de la Corte, los cambios tecnológicos permiten multiplicar señales, contenidos y nuevos servicios en una misma frecuencia, por lo que no pueden implicar, en palabras de los propios ministros, la multiplicación de “los panes y los peces” para los mismos concesionarios, por lo que debe licitarse cada nuevo espacio que

se libera con la digitalización, así como autorizarse los servicios adicionales que pudieran prestarse a comercialización. El Acuerdo para la RDT no tomó en cuenta estos criterios.

Además de justificar esta teconología porque permite una calidad de “disco compacto” y se pueden enviar datos, la Cofetel no resuelve cuál será la política de apoyo para que los medios públicos y comunitarios puedan hacer frente a la migración digital a fin de evitar un mayor desequilibrio de desarrollo ante lo medios comerciales.

El cambio de la NOM permitirá contar con más frecuencias en FM, abriendo una oportunidad privilegiada para permitir la entrada de nuevos actores y fomentar la pluralidad de información y contenidos de calidad. Sin embargo, no existe una propuesta para asegurar que ese espectro ganado sea una oportunidad para equilibrar las asimetrías que actualmente tenemos en el sector. Tampoco hay una reserva de frecuencias para medios públicos, comunitarios y sociales, tal como lo indican las recomendaciones internacionales en la materia.

El presidente dijo que serán otorgadas a la brevedad 20 estaciones de radio FM en las localidades del país que no tienen cobertura. Sin embargo, en estas nuevas asignaciones deben fortalecerse los criterios antimonopolio para evitar que quienes ya son actores dominantes en el sector, participen y se queden con más frecuencias.

El anuncio del presidente de la República perfila un derroche fast track, de un solo golpe, de varias opciones que la Cofetel pudo haber utilizado para dar un giro al modelo de concentración de medios de comunicación que existe en México.

El evento no sólo fue político sino que los 75 refrendos se otorgaron bajo una interpretación cuestionable de la resolución de la Suprema Corte. La certidumbre jurídica que tanto se invocó por parte de las autoridades no es tal mientras no quede plasmada en la Ley Federal de Radio y Televisión. Las reglas claras debieran incluir certidumbre jurídica para el otorgamiento y refrendo de concesiones y permisos por parte de emisoras públicas y comunitarias, pues de lo contrario la administración del espectro y la transición a la radio digital se fomentan con base en criterios discriminatorios: no sólo no se garantiza el derecho a la información sino que tampoco se resuelven las legítimas demandas de los sectores sociales por participar de la radiodifusión sin fines de lucro.

Paradójicamente, cuando se anunciaron estos refrendos (inconstitucionales con base en la sentencia de la Suprema Corte de la Nación en contra de la reforma de 2006, mejor conocida como “Ley Televisa”), el presidente Felipe Calderón afirmó que “nunca más serán motivos políticos los que determinen si una concesión de radio se otorga o no”. En realidad, el acto referido demuestra que hoy más que nunca se actúa políticamente en el sector, a menos de cuatro meses del arranque formal del proceso electoral federal 2011-2012.

México D. F., 22 de junio de 2011

Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) A. C.

En representación del Consejo Directivo:

Lic. Aleida Calleja, presidenta

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Acerca de juliomoa

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