Personas en riesgo de prisión en México tras publicar en redes sociales

Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras advirtieron sobre el riesgo de que dos personas en México sean acusadas de “terrorismo” y “sabotaje”, por lo que podrían enfrentar penas de 30 años de cárcel.

Reproducimos los pronunciamientos respectivos de ambas organizaciones.

Reporteros Sin Fronteras:

Dos twiteros detenidos y acusados de “terrorismo” y “sabotaje”

Por haber difundido mensajes vía Twitter y Facebook sobre posibles ataques del crimen organizado, dos usuarios de estas redes sociales se encuentran detenidos desde el 25 de agosto de 2011 en Jalapa, en el estado de Veracruz (este).

Acusados formalmente de “terrorismo” y “sabotaje”, Gilberto Martínez Vera, de 35 años de edad, y María de Jesús Bravo Pagola, de 34 años, corren el riesgo de purgar una pena de 30 años de prisión, pagar una multa de 750 días de salario, así como de la suspensión de sus derechos políticos durante cinco años.

“Esta inculpación es delirante, pese a la imprudencia de algunos mensajes difundidos por los acusados. Pedimos que Gilberto Martínez Vera y María de Jesús Bravo Pagola sean puestos en libertad de forma inmediata.

Según el Código Penal del Estado de Veracruz, la prisión preventiva es una medida excepcional, factible sólo en caso de que exista información sobre la presunta responsabilidad de los inculpados en tales actos.

Ante la ausencia de pruebas sobre su intención de ‘perturbar la paz pública’, ‘menoscabar la autoridad del Estado’ o ‘trastornar gravemente la vida económica o cultural del Estado’, los dos twitteros no tienen nada qué hacer en prisión. Asimismo, la censura va acompañada de un abuso de autoridad”, declaró Reporteros sin Fronteras.

“Incluso si la información difundida por estas dos personas pudiera parecer dudosa o exagerada, procesar a los usuarios de redes sociales por actos de terrorismo constituye un exceso procesal”, agregó la organización.

Por otra parte, el estado de la libertad de informar en Veracruz es cada vez más alarmante. A los numerosos casos de intimidación y amenazas se suma el hecho de que desde el inicio del año han sido asesinatos tres periodistas en el territorio: Yolanda Ordaz de la Cruz, Miguel Ángel López Velasco y Noel López Olguín.

El 25 de agosto de 2011 Gilberto Martínez Vera y María de Jesús Bravo Pagola difundieron alertas sobre posibles ataques contra una escuela de Veracruz. Ese mismo día fueron arrestados, después de que la policía identificara sus cuentas.

El 27 de agosto pasado el Ministerio Público del Estado de Veracruz señaló en un comunicado oficial que los detenidos “tenían la intención de provocar perturbaciones en la vida social, económica y educativa del estado”, así como “reacciones de angustia y temor entre los padres”. Acusación confirmada con la decisión tomada el 1 de septiembre. Otros quince usuarios de redes sociales también fueron objeto de una investigación.

Según información del Grupo Fórmula, durante el interrogatorio los dos detenidos habrían padecido presión psicológica para obligarlos a que se declararan culpables. No habrían tenido acceso a un abogado durante más de sesenta horas. Gilberto Martínez Vera y María de Jesús Bravo Pagola se declararon inocentes y denunciaron haber recibido malos tratos por parte de las autoridades.

Este episodio ilustra un poco más la fisura del Estado de Derecho a medida que se infla el balance humano de la ofensiva federal contra el narcotráfico, que ha dejado más de 45.000 muertes desde diciembre de 2006.

Amnistía Internacional:

Personas en riesgo de prisión en México tras publicaciones en Twitter y Facebook

Dos personas han sido detenidas en Veracruz, México, con cargos por terrorismo y sabotaje, luego de que se les acusará de publicar mensajes vía Twitter y Facebook. Las investigaciones están en curso y hasta el momento se les ha sido negado acceso a un proceso judicial justo. En caso de se les encuentre culpables podrían enfrentar treinta años en prisión.

El 26 de agosto, la periodista local María de Jesús Bravo Pagola (conocida como Maruchi) y el maestro Gilberto Martínez Vera fueron detenidos por la policía en sus casas en la Ciudad de Veracruz, ubicada en la costa este de México. Según las autoridades estatales, ambos habían sido rastreados y arrestados después de que rumores sobre posibles ataques a escuelas locales por grupos criminales circularan a través de las redes sociales el 25 de agosto, lo que dio como resultado que padres de familia recogieran a sus niños y varias escuelas cerraran temporalmente. El gobierno del estado responsabilizo del pánico a la rápida circulación de falsa información y acusó a María de Jesús Bravo y a Gilberto Martínez Vera de circular la historia en Twiter y Facebok, fueron detenidos y acusados de terrorismo y sabotaje de acuerdo con el Código Penal de Veracruz.

Las dos personas detenidas fueron transferidas a Xalapa, capital del estado de Veracruz, donde les mantuvieron incomunicadas por más de 60 horas. Durante el proceso de interrogación se les puso bajo presión con la finalidad de que en sus declaraciones admitieran ser culpables de circular información falsa y no les permitieron acceso a sus abogados. En sus últimas declaraciones ante el juez, alegaron maltrato y coacción por parte de las autoridades y manifestaron ser completamente inocentes. No existe aparentemente evidencia de que ambos estuvieran involucrados o fueran cómplices en actos de terrorismo o sabotaje, sin embargo el 31 de agosto un juez dictaminó que había pruebas suficientes para proceder con el juicio y requirió que se les mantuviese en custodia.

En meses recientes ha habido un incremento de violencia en Veracruz, ya que diferentes cárteles compiten por el control de la ciudad. La inseguridad crea un clima de desconfianza, en el cual los rumores que circulan por las redes sociales son parte del intento de las personas por protegerse a sí mismas ya que existe muy poca información fidedigna.

Amnistía Internacional encuentra preocupante que si bien, la información que circuló a través de Twitter y Facebook pudo no haber sido correcta, la detención y acusaciones a María de Jesús Bravo y Gilberto Martínez Vera por cargos de terrorismo y sabotaje son injustos y violan su derecho a la justicia y la libertad de expresión. Amnistía Internacional cree que es responsabilidad de las autoridades difundir información correcta y confiable sobre las medidas que está tomando para proteger a la población.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Desde el 2007 la violencia ligada al crimen organizado ha llegado una magnitud cercana a los 40, 000 asesinatos. La administración del Presidente Calderón ha intentado combatir a los cárteles de la droga desplegando miles de policías federales y más de 50, 000 efectivos militares y personal de la marina en las áreas más afectadas. Miembros de la policía y de otras fuerzas de seguridad, así como autoridades locales son frecuentemente sospechosos de corrupción y de estar coludidos con grupos criminales, creando un clima de impunidad e inseguridad para la población en las áreas afectadas.

Veracruz ha sido testigo de cómo se han incrementado los niveles de violencia cada que diferentes cárteles compiten por el control. A través del país la violencia ha dado como resultado muertes de civiles que no se encuentran involucrados, así como de asesinatos indiscriminados a transeúntes. El incremento de los ataques a periodistas por parte de los grupos criminales ha minado la cobertura sobre seguridad, y el fracaso de las autoridades para proporcionar información fidedigna y a tiempo ha alentado el uso de las redes sociales como vía de comunicación para alertar a las personas de supuestos ataques y amenazas a sus comunidades.
Amnistía Internacional insta a escribir a las autoridades:
– Expresando preocupación por la detención y acusaciones a María de Jesús Bravo y Gilberto Martínez Vera en Veracruz, por los cargos de terrorismo y sabotaje, en conexión con publicaciones vía Twitter y Facebook el 25 de agosto.
– Llamando a que se realicen investigaciones inmediatas e imparciales de las denuncias sobre maltrato y coerción, así como de la negación al acceso a abogados de su elección durante su detención y juicio por la policía judicial y autoridades
– Pidiendo que sean respetado el derecho a un juicio justo y la libertad de expresión y exigiendo por una revisión completa de la conducta de las autoridades estatales en la detención y acusaciones a María de Jesús Bravo y Gilberto Martínez Vera.

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Acerca de juliomoa

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