Asalto, probable móvil en caso de dos periodistas asesinadas en México

Julio Olvera

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) confirmó que la muerte de las periodistas Marcela Yarce y Rocío González fue asfixia por estrangulamiento con algún tipo de soga, aunque ambas recibieron disparos de bala, y que se investiga un probable asalto, como móvil de los asesinatos.

Una tarjeta informativa de la PGJDF informó que la averiguación previa iniciada es por el delito de feminicidio contra quienes resulten responsables, e indicó que de acuerdo con la legislación vigente, los homicidas podrían alcanzar una pena de 60 años de prisión por cada uno de los asesinatos que cometieron.

Los cuerpos de Yarce ‒quien era encargada de Relaciones Públicas de la revista política Contralínea‒, y de González fueron encontrados abandonados la mañana del jueves en el parque El Mirador, en la populosa Delegación Iztapalapa, al suroriente del Distrito Federal, luego que el último contacto que se tuvo con ellas fue alrededor de las 22:00 horas del día anterior.

Foto: Notimex

En declaraciones a emisoras radiales, el procurador capitalino Miguel Ángel Mancera indicó que de acuerdo con las primeras investigaciones, los cadáveres no presentan señales de tortura, y que de ninguna manera se descartará alguna línea de investigación para esclarecer el doble asesinato.

Ya el jueves la PGJDF mencionó que Rocío González, periodista independiente y que trabajó 11 años en Televisa, era propietaria o socia de una casa de cambio que opera en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

“Estamos por corroborar si efectivamente ella es socia, incluso de esta casa de cambio (…) Las primeras líneas de investigación, los primeros datos apuntan a que pudo haber habido algún retiro importante de dinero ese mismo día por la noche “, destacó Mancera en entrevista con Radio Fórmula.

Mencionó que se está por corroborar, con video, la información sobre la estancia de Rocío, a fin de conocer sí había trabajado ese día en la casa de cambio; “todo indica que así es”, agregó.

El diario La Jornada, que citó a “autoridades” de la PGJDF, reportó que la noche del miércoles, cuando se supo por última vez de ellas, las víctimas se reunieron en el centro de la ciudad y luego acudieron a una casa de cambio, al parecer propiedad de González, de la terminal uno del AICM, de donde se retiraron con casi un millón de pesos.

No más impunidad

Mientras, partidos políticos, organismos de protección de periodistas y la Iglesia Católica externaron su repudio e indignación por el doble crimen, y exigieron terminar con la impunidad de los asesinos de mujeres y hombres de prensa.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD), en un comunicado de su presidencia nacional, exigió no más impunidad, y más acciones, y “que se dé con los responsables de este artero asesinato y se trabaje ya en medidas de protección hacia quienes ejercen esta ya peligrosa actividad”.

Resulta preocupante que este tipo de sucesos sigan ocurriendo en un país que se precia de ser “respetuoso de la libertad de expresión”; pero que en los hechos ‒aseveró‒ figura como “el más peligroso de las Américas para ejercer el periodismo”.

En lo que va del actual sexenio casi 80 comunicadores han sido asesinados, sin incluir los 13 que permanecen en calidad de desaparecidos y la veintena de atentados contra sus casas editoriales.

“Para el PRD, la libertad de expresión y la actividad periodística resultan primordiales en la construcción de una democracia participativa, porque sólo a partir de una sociedad bien informada y medios de comunicación abiertos al escrutinio, basados en la pluralidad, se puede lograr un Estado fuerte y apegado a derecho”, manifestó.

Y añadió: “Hoy, con el crimen contra estas dos comunicadoras, el país da cuenta de que la violencia contra la prensa mexicana continúa escalando a niveles insostenibles”.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que inició una queja de oficio en relación con la muerte de las periodistas, calificó los homicidios como “lamentables y condenables”, y que por ningún motivo deben quedar impunes.

“Las agresiones, amenazas, intimidaciones y persecuciones que sufren los trabajadores de los medios de comunicación, inhiben y limitan la libertad de expresión”, reiteró el organismo, que ‒según sus cifras‒ suman ocho los periodistas asesinados en lo que va del año y 74 del 2000 a la fecha.

Por su lado, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió una serie de medidas precautorias a las locales Procuraduría General de Justicia y Tribunal Superior de Justicia, por el caso de los asesinatos de Ana María Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga.

Entre ellas, la CDHDF solicitó que las diligencias de investigación se realicen conforme a las reglas del debido proceso, actuando con la debida diligencia y de acuerdo a los estándares de investigación establecidos en los protocolos especializados.

Además, que se informe sobre cuáles son los protocolos que se siguen en los procesos de necropsia a fin de garantizar el estándar científico que se requiere; y que se garantice que se han obtenido debidamente todos los elementos para preservar evidencias fundamentales en el marco de la investigación.

También que se tenga garantizado, con bases científicas, que las identificaciones se realizaron bajo los estándares internacionalmente aceptados; y se asegure que el personal encargado de la obtención, preservación y cadena de custodia de la evidencia sea preservada en estricto apego al Código de Procedimientos Penales vigente.

El organismo sugirió que, en alcance de esas medidas y con el fin de que se resguarde la seguridad de quienes laboran en la revista Contralínea, se agoten todas las líneas de investigación posibles, sin descartar aquéllas que se pudieran derivar del ejercicio de la profesión periodística de Yarce y de González.

Así como que, “previo acuerdo, libre e informado, con las y los integrantes y colaboradores de la revista Contralínea, se implementen las medidas de protección idóneas y necesarias para salvaguardar la integridad psicofísica de los mismos”.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) también emitió su pronunciamiento de repudió, y sostuvo que estos asesinatos, amén del dolor que causan a las familias y personas cercanas, “agravian profundamente al gremio periodístico mexicano”.

Javier Hernández Valencia, representante en México de ese organismo de las Naciones Unidas, dijo que independientemente de sus múltiples móviles posibles, “la violencia en contra de las y los periodistas ha devenido en un tema de acuciante preocupación”.

De esa manera lo consignaron en sus respectivos informes de misión y recomendaciones, Frank La Rue y Catalina Botero, relatores especiales sobre la Libertad de Expresión de la ONU y de la Organización de Estados Americanos (OEA), respectivamente luego de su visita conjunta a México hace justo un año.

La ONU-DH instó a las autoridades competentes a agotar todas las líneas de investigación que se deriven de estos crímenes con una adecuada perspectiva de género, incluidas aquellas que se relacionen con su actividad periodística, con el objetivo de capturar, procesar, juzgar y sancionar a los responsables.

Al mismo tiempo, invitó a los mexicanos a unirse activamente en el rechazo de todo acto de agresión en contra de las y los comunicadores sociales, cuya victimización constituye además un gravísimo atentado contra la libertad de expresión.

Reporteros Sin Fronteras (RSF), en tanto, expresó su conmoción por el asesinato de Marcela Yarce y Rocío González. “Condenamos con firmeza la escalada de terror que enfrentan los periodistas en uno de los países más peligrosos del mundo para la profesión y el más mortífero del continente, aseveró.

Tras observar que la autocensura o el exilio son cada vez más las opciones de los profesionales de los medios de comunicación, se preguntó si la prensa puede esperar sobrevivir en México.

RSF se quejó además de que las autoridades mexicanas aún no han puesto en marcha los “mecanismos de seguridad” para periodistas firmados desde hace cerca de un año. “Esperamos acciones concretas en este sentido”, declaró.

El cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, condenó “enérgicamente”, de igual manera, “el cobarde y despiadado” asesinato al señalar que la crueldad de los criminales “denota una total cobardía, indolencia y perversidad”.

El jefe de la Iglesia Católica mexicana se unió a la exigencia de la sociedad y del medio periodístico “para que las autoridades cumplan con su fin principal, que es el de garantizar la seguridad de sus gobernados tanto en sus personas como en sus bienes, y castiguen con todo el rigor de la ley a los responsables de estos y otros asesinatos”.

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Acerca de juliomoa

Tres décadas dedicado al ejercicio del periodismo.
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