Violencia contra comunicadores en México es “problema crítico”: ONU y OEA

Julio Olvera

México ha sido en la última década el país más peligroso para el ejercicio del periodismo en América, reafirmaron los relatores especiales de la ONU y la OEA sobre libertad de expresión, el guatemalteco Frank La Rue y la colombiana Catalina Botero, de manera respectiva, según un comunicado conjunto.

Los funcionarios de ambos organismos internacionales refirieron que lo anterior lo demuestran los 70 homicidios cometidos contra comunicadores entre los años 2000 y 2010, además de los 13 asesinatos registrados entre enero y octubre de 2011, en los cuales no se ha descartado un vínculo con la actividad profesional.

Al presentar en una videoconferencia desde Washington los respectivos informes de su visita conjunta a México, en agosto del año pasado, La Rue y Botero llamaron por ello al Estado mexicano a implementar las recomendaciones incluidas en dichos reportes, y enfatizaron la necesidad de que se brinde una respuesta decisiva para proteger de la violencia a periodistas y medios de comunicación.

“Una respuesta eficaz del Estado mexicano para proteger a periodistas requiere reconocer que la violencia contra comunicadores es un problema crítico que requiere adoptar una política integral de prevención, protección y procuración de la justicia”, subrayaron.

Entre otras medidas, las relatorías para la libertad de expresión de las Naciones y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), consideraron necesario implementar de manera pronta y efectiva un mecanismo de seguridad especializado para proteger la vida e integridad de periodistas en riesgo.

Así como asegurar investigaciones prontas y diligentes cada vez que un comunicador es asesinado, desaparecido, atacado o amenazado de muerte, mediante el fortalecimiento de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE).

Recomendaron, asimismo, el traslado a la justicia federal de las investigaciones de los crímenes contra comunicadores de aquellos casos que lo ameriten; además de que México debe incorporar de forma explícita una política a favor de la libertad de expresión a su estrategia de seguridad pública que incluya la protección de comunicadores en riesgo.

La Rue, relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de la ONU, y Botero, relatora especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, insistieron en “la persistencia de enormes desafíos relacionados particularmente con la violencia que enfrentan las y los comunicadores, la cual tiene un intolerable efecto de silenciamiento en algunas zonas del país”.

No obstante, reconocieron la existencia de avances en la protección de la libertad de expresión en México.

Mencionaron, en ese sentido, el papel del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) en la protección del derecho de acceso a la información, la creación por parte del Gobierno Federal de una fiscalía especializada para investigar los crímenes contra la libertad de expresión y la despenalización de los delitos contra el honor a nivel federal y en la mayoría de los estados del país.

Aunque los relatores reconocieron la apertura y respuesta positiva de parte del Estado mexicano a las preocupaciones expresadas durante su visita oficial, manifestaron especial preocupación por la falta de avances en la implementación efectiva del “Convenio de coordinación para la implementación de acciones de prevención y protección a periodistas”.

Así como de, puntualizaron, la ausencia de sanciones a los responsables de cometer actos de violencia contra periodistas, a pesar de los seis años de existencia de la FEADLE.

Para Catalina Botero, “salvaguardar la libertad de expresión no sólo es compatible con la lucha contra el crimen, sino que es un elemento esencial de esta lucha, en la medida que mediante su ejercicio se denuncian las actividades de la criminalidad y se fomenta la responsabilidad política y la integridad institucional”.

Frank La Rue afirmó, a su vez, que “toda acción efectiva de parte del Estado para proteger a los periodistas y a los medios de comunicación comienza con la investigación diligente de los crímenes en su contra y la identificación, procesamiento y sanción de los responsables, así como con la reparación de las víctimas”.

Ambos relatores señalaron que la diversidad y el pluralismo en el debate democrático se encuentran limitados por la alta concentración en la propiedad y control de los medios de comunicación a los cuales se ha asignado frecuencias de radio y televisión, y por la ausencia de un marco jurídico en materia de radiodifusión que establezca procedimientos claros y equitativos para todos los actores, incluyendo a las radios comunitarias.

El informe recuerda que defender el derecho a la libertad de expresión “constituye un pilar fundamental para la vigencia de una sociedad abierta, plural y democrática” y señala que México enfrenta grandes desafíos en la materia.

Anota que en varios estados los periodistas han sido amenazados o asesinados por miembros del crimen organizado, pero también han sufrido abusos por parte de funcionarios o fuerzas federales desplegadas en el marco de la lucha contra la delincuencia lanzada por el presidente Felipe Calderón en diciembre de 2006.

El informe aborda siete temas: violencia, impunidad, autocensura, concentración de medios de comunicación, legislación penal en materia de libertad de expresión, acceso a la información y publicidad y medios, y contiene recomendaciones específicas en cada uno para mejorar la situación de los periodistas mexicanos.

En la videoconferencia participaron, además de los dos relatores, el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, Felipe Zamora Castro, y representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

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Acerca de juliomoa

Tres décadas dedicado al ejercicio del periodismo.
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