Periodistas a declarar: nuevo exceso del Tribunal Electoral

Sociedad y Poder

Raúl Trejo Delarbre

Un exceso rigorista e inútil del Tribunal Federal Electoral obligará a medio centenar de comunicadores –entre ellos algunos de los periodistas más relevantes en radio y televisión– a comparecer en los próximos días ante el Instituto Federal Electoral. Los periodistas no son intocables. Cuando han infringido alguna disposición legal están obligados a responder a las convocatorias de la autoridad. Pero en este caso, se tratará de comparecencias innecesarias y que, por ello, incrementarán la maltratada fama pública de la autoridad electoral.

Todo ello se debe a una decisión equivocada (¡una más!) de los magistrados que integran el Tribunal Electoral y a la insistencia (infructuosa a estas alturas) del Partido Acción Nacional para revocar el resultado de la elección para gobernador de Michoacán.

Anoche, miércoles 18 de enero, la sala superior del TRIFE revocó una decisión que el Consejo General del Instituto Federal Electoral había tomado el 23 de noviembre. En esa resolución, el IFE declaraba infundada una colección de quejas del PAN en contra de Fausto Vallejo, el candidato del PRI y el PVEM que ganó la elección en Michoacán y de Silvano Aureoles, candidato de PRD, PT y Convergencia.

Acción Nacional había presentado una veintena de denuncias por la transmisión, entre marzo y octubre de 2011, de diversas entrevistas en medios electrónicos a los candidatos del PRI y el PRD. Eran denuncias mal integradas, con respaldos documentales incompletos. Ni siquiera se acompañaban audios de todas las entrevistas motivo de las denuncias y en algunos casos una misma entrevista era incorporada en varias quejas distintas.

Acción Nacional sostuvo que las autoridades electorales debían investigar si las apariciones de los entonces candidatos priista y perredista, en distintos medios de comunicación, se habían debido al pago de entrevistas.

Aquella era, de inicio, una petición desmesurada. La contratación de espacios pagados en televisión y radio es un delito electoral, de acuerdo con las reglas constitucionales aprobadas en 2007. Pero la autoridad electoral no tendría por qué averiguar si una entrevista es resultado o no de una transacción económica. Solamente si hay una denuncia fundada, con pruebas que la respalden, el IFE tendría que interesarse en ese caso. El PAN no aportó una sola prueba de irregularidades en aquellas entrevistas. Los panistas, además, soslayaron las entrevistas que en muchos de esos mismos medios de comunicación concedió su propia candidata en Michoacán, Luisa María Calderón.

Por eso, con razón, el Consejo General del IFE consideró que no era necesario emprender averiguación alguna: “en el presente asunto estamos ante la presencia de un genuino género periodístico, en ejercicio del trabajo cotidiano de un medio de comunicación, el cual se encuentra amparado en las libertades de trabajo y expresión tuteladas por la propia Ley Fundamental”, dijo en la resolución que acompaña a la extensa acta de su sesión del 23 de noviembre.

Después de reiterar que el trabajo periodístico está amparado por la libertad de expresión y de recordar que la única prohibición se refiere a la contratación de espacios en medios electrónicos, el IFE subrayó: “las entrevistas realizadas al C. Fausto Vallejo Figueroa… son producto del trabajo de los medios de comunicación y no un material de tipo proselitista, por consistieron en un diálogo o conferencia de dos o más personas en un lugar determinado, para tratar o resolver uno o diversos temas”.

Además, respaldándose en la Constitución y en jurisprudencia, el IFE consideró que no era necesario citar a los periodistas ni a los responsables de las emisoras para no incurrir en “actos de molestia innecesarios”.

En desacuerdo con esa resolución, el PAN reclamó “falta de exhaustividad” del Consejo General del IFE: “al conocer la presunta participación de diversos concesionarios y permisionarios de radio y televisión por la probable adquisición de tiempos en estos medios de comunicación, debió requerir a todos los sujetos involucrados y en su momento emplazarlos para sustanciar debidamente el procedimiento administrativo sancionador”, de acuerdo con la glosa que aparece en las actas del TRIFE.

Para el Tribunal, en su resolución del 18 de enero, “resulta evidente que el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral estaba obligado a emplazar a los concesionarios y permisionarios de radio y televisión señalados en las quejas respectivas, a efecto de que comparecieran…” Eso consideran los magistrados del Tribunal Electoral en el expediente SUP-RAP-573/2011.

Así, por unanimidad de sus siete integrantes, el Tribunal revocó la resolución del IFE del 23 de noviembre y lo instruye para que “reponga el procedimiento administrativo sancionador, emplace a todos los sujetos a los que se les aduce una probable participación en los hechos objeto de las denuncias del Partido Acción Nacional y determine lo que en derecho proceda”.

En ese expediente, así como en el SUP-RAP-574/2011 relativo a la queja contra el IFE por no resolver favorablemente la denuncia del PAN contra el PRD, se pueden encontrar los nombres de los siguientes periodistas y conductores:

Federico Lamont y Jesús Michel, de ABC Radio.
Francisco Zea, de Cadena 3
Víctor Americano e Ignacio Martínez, del canal de televisión CB Noticias.
Mario Campos, Nora Patricia Jara y Enrique Lazcano y Julieta Mendoza, del Instituto Mexicano de la Radio.
Mario Ávila, Óscar Mario Beteta, José Cárdenas, Purificación Carpinteyro, Ciro Gómez Leyva, Marisa Iglesias, Joaquín López Dóriga, Carlos Loret de Mola, Eduardo Ruiz Healy, Ricardo Rocha, Paola Rojas, de Radio Fórmula.
Adela Micha, de Radio Imagen.
Blanca Lolbee, de Formato 21.
Julio Hernandez, de MAX FM en Michoacán.
Abdiel López Rivera, de 1400 Radio 13.
Adria de la Parra, Magda González y Carlos Marín, de Milenio Noticias.
Carlos Monge, de Noticiero Michoacano.
Carmen Aristegui, Luis Cárdenas y Ezra Shabot, de MVS.
Alejandro Cacho, de 88.9 Noticias.
Jesús González, de Radio Mich 570.
Leonardo Curzio, Adriana Pérez Cañedo y Raúl Sánchez Carrillo, de Radio Mil.
Karina Aguilar y Javier Solórzano, de Radio 13.
Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez de Radio Red,
Sabina Berman, Pablo Hiriart y Jorge Zarza, de TV Azteca.
Salvador Camarena, de W Radio.
Daniela Flores y José Luis Alejo, de La Zeta en Michoacán.

A pesar de que el IFE consideró que no había motivo para citar a esos comunicadores, la fútil insistencia política del PAN y la miopía jurídica de los magistrados del Tribunal Federal Electoral obligan al Instituto a citarlos. No servirá para nada, excepto para exacerbar las suspicacias contra la autoridad electoral y respecto de una legislación que merece mejores intérpretes.

A continuación el respectivo Boletín de prensa del TEPJF, emitido el miércoles 18 de enero:


ORDENA TEPJF AL IFE REPONER PROCESOS SANCIONADORES

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Consejo General Instituto Federal Electoral (CG-IFE) reponer dos procedimientos especiales sancionadores, relacionados con la presunta adquisición de tiempos en radio y televisión, que habrían sido utilizados para la difusión de entrevistas a candidatos al gobierno del estado de Michoacán, que se difundieron fuera del periodo de campaña.

Los magistrados consideraron válidos los agravios presentados por el Partido Acción Nacional (PAN) en dos recursos de apelación para inconformarse con las resoluciones del IFE, que en su oportunidad, declaró infundadas las quejas formuladas, por separado, en contra de los candidatos Fausto Vallejo Figueroa y Silvano Aureoles Conejo, así como de los partidos que los postularon al gobierno de Michoacán.

En los proyectos de sentencia que fueron aprobados por unanimidad, se establece que el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral omitió citar a todos los sujetos denunciados de participar en las infracciones a la norma electoral, en particular, a los concesionarios o permisionarios de radio y televisión de las emisoras que difundieron las entrevistas.

Por lo anterior, el órgano jurisdiccional instruyó al funcionario a emplazar a todos los actores señalados con el fin de acreditar o deslindar responsabilidades.

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Acerca de juliomoa

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