Publican programa de licitación de frecuencias para dos cadenas nacionales de TV

IFT_logoEl Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa de Licitación y Adjudicación de Frecuencias de Televisión Radiodifundida Digital, que se realizará durante 2014, a efecto de conformar dos nuevas cadenas nacionales, conforme a lo establecido en el Decreto de Reforma Constitucional en materia de telecomunicaciones de junio pasado.
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Dicho Programa de Licitación fue aprobado por el pleno del IFT en su quinta sesión extraordinaria, del pasado 17 de diciembre, por unanimidad de votos de los comisionados Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar, Luis Fernando Borjón Figueroa, Ernesto Estrada González, Adriana Sofía labardini Inzunza, María Elena Estavillo Flores, Mario Germán Fromow Rangel y Adolfo Cuevas Teja.

El texto deja claro que la estructura y las barreras a la entrada que caracterizan el mercado de televisión abierta comercial limitan las alternativas de contenidos audiovisuales y fuentes de información para la población, restringen la oferta de servicios de publicidad y propician el uso de contenidos audiovisuales con propósitos anticompetitivos.

Actualmente, Grupo Televisa y Televisión Azteca, en su conjunto, concentran, directa o indirectamente, 95 por ciento de las concesiones, 96 por ciento de la audiencia y 99 por ciento de los ingresos por publicidad, asociados con la televisión abierta comercial.

De acuerdo con el IFT, el Programa se diseñó para hacer un uso más eficiente del espectro radioeléctrico y lograr una cobertura territorial y poblacional mayor a la perseguida por el programa publicado el 12 de junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación por la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones, el cual queda abrogado, así como su modificación del 16 de agosto de ese año.

Así, el Instituto Federal de Telecomunicaciones resolvió que el Programa de licitación de frecuencias para televisión abierta digital estará integrado por 123 zonas de cobertura que forman 246 canales a licitar bajo principios de funcionamiento eficiente de los mercados, máxima cobertura nacional de servicios, derecho a la información y función social de los medios de comunicación.

El órgano regulador subrayó que con esta resolución, se garantiza el precepto constitucional de que un servicio público de interés general, como es la radiodifusión, sea prestado en condiciones de competencia y promoviendo una mayor pluralidad de información, lo que es consistente con el mandato previsto en el artículo 28 de la Constitución, que establece que en el país quedan prohibidos los monopolios y las prácticas monopólicas.

Ver aquí el Comunicado de Prensa No. 13/2013 del IFT
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Cómo incumplir la Constitución o malos mensajes para telecom

mediatelecom
Jorge Fernando Negrete P.
Director General de Mediatelecom Policy & Law

Incumplimiento tumultuario

El día de hoy 9 de diciembre se cumple el plazo para la aprobación por el Congreso de la Unión de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica. El artículo tercero transitorio de la reforma constitucional señala que al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio, “el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones necesarias al marco jurídico conforme al Decreto dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a su entrada en vigor”. Esos 180 días se cumplen hoy.

El artículo cuarto transitorio de la reforma insiste en la obligación de los legisladores de “expedir un solo ordenamiento legal que regule de manera convergente el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones, así como la prestación de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones”.

Ese mandato fue incumplido por 500 diputados y 128 senadores. Un total de 628 legisladores, de todos los partidos políticos, representantes de todos los mexicanos, depositarios de uno de los poderes legales de la Federación, responsables de regular “la creciente influencia de los poderes fácticos (que) reta la vida institucional del país y se constituye en un obstáculo para el cumplimiento de las funciones del Estado mexicano” (como señala la visión del Pacto por México en su cuarto párrafo), todos ellos han dado ejemplo a sus representados, más de 112.3 millones de mexicanos, de lo fácil que es incumplir el documento que nos instituye como Estado, la Constitución.

La reforma constitucional emplaza en un par de ocasiones a los legisladores a realizar las adecuaciones necesarias a las leyes y a expedir un ordenamiento único convergente. Y si bien la tarea nunca fue sencilla, fue el propio Congreso de la Unión el que se fijó a sí mismo esa meta.

El problema es que el incumplimiento legislativo tiene repercusiones económicas, jurídicas y sociales, y afecta a esos mismos 112.3 millones de habitantes que usan o deberían de estar beneficiándose de los servicios de telecomunicaciones, la convergencia y la competencia. Al mismo tiempo que los legisladores quebrantan una vez más la Constitución al no aprobar las leyes secundarias en la materia, vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos como el derecho a la información, la libertad de expresión, el derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), consagrados en la Carta Marta, además de poner en riesgo las metas de política pública que dependen directamente del cumplimiento de la reforma constitucional y su reglamentación.

Por lo tanto, se trata de una desobediencia doble y continuada, por cuanto no legislan quienes tienen facultades y, al no hacerlo, transgreden los derechos fundamentales de 112.3 millones de conciudadanos. Quienes hacen las leyes son los primeros en no acatarlas y en violarlas. ¿Dónde queda el liderazgo de los legisladores y los partidos políticos? ¿Dónde su iniciativa para promulgar leyes? ¿Con qué cara le van a exigir al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que cumpla con los plazos constitucionales de regular las telecomunicaciones y la competencia económica en el sector si ellos mismos se encargaron de garantizar la vulnerabilidad de sus resoluciones? ¿Con qué autoridad moral recriminan a las empresas sus prácticas si no han sido capaces de promulgar la regulación que las prevenga y las sancione? ¿Cuándo se van a realizar las provisiones y proyecciones económicas de los operadores y del sector en su conjunto? ¿Ahora qué van a escribir y a declarar los legisladores que tienen espacios en los medios y que cada semana analizan el sector y despotrican contra los operadores, pudiendo transformar la industria y hacerla crecer?

Parece mentira que sean las empresas del sector y las asociaciones que las agrupan, esos “poderes fácticos” que con tanta facilidad se les señala y acusa de detener el progreso del país y de afectar los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, las que pidan a gritos certidumbre jurídica, en lugar de ser la autoridad la encargada de garantizarla.

En distintos foros de telecomunicaciones celebrados recientemente, todos los representantes de los operadores de radiodifusión y telecomunicaciones coincidieron en que las leyes secundarias son esperadas con urgencia y deben garantizar certeza jurídica a las inversiones. En un evento organizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), diversos actores y líderes internacionales apremiaron a las autoridades competentes a expedir las leyes en la materia lo antes posible.

Qué dejaron de hacer los legisladores

La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones señala el mínimo de adecuaciones al marco jurídico, mismas que han quedado pendientes durante medio año. Salvo la reciente y cuestionable reglamentación en materia de derecho de réplica (otra omisión legislativa que data de la reforma electoral de 2007, ahora que se discute una nueva reforma política):

• Establecer tipos penales que castiguen severamente las prácticas monopólicas y los fenómenos de concentración.
• Regular al organismo público de radiodifusión.
• Establecer mecanismos para homologar el régimen de concesiones de radiodifusión y crear licencias convergentes únicas.
• Prohibir los subsidios cruzados.
• Definir los criterios para autorizar el acceso a la multiprogramación en televisión digital.
• Crear el Consejo Consultivo del IFT.
• Aprobar leyes, reformas y adiciones que regulen de manera convergente el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones y la prestación de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones.
• Otras relacionadas con la prohibición de difundir publicidad subrepticia o engañosa y los mecanismos que aseguren la promoción de la producción nacional independiente en radiodifusión.

Implicaciones del incumplimiento

La demora en la discusión y aprobación de las leyes secundarias de telecomunicaciones trae consigo impactos económicos, jurídicos y sociales. No son nada más los seis meses (180 días) que marcaba la Carta Magna y que no quisieron obedecer los hacedores de leyes, sino más de doce años de atraso en el marco jurídico y un largo ayuno en materia de políticas públicas de conectividad y digitalización.

Aunque se publicó la reforma constitucional el 11 de junio, hasta el momento siguen vigentes y aplicables una Ley Federal de Radio y Televisión de 1960 y una Ley Federal de Telecomunicaciones de 1995 que, aunque esta última incluía temas de vanguardia en su momento, su aplicación resultó irreal. En tanto no se apruebe el ordenamiento único convergente de radiodifusión y telecomunicaciones que ordena la Constitución, seguirán vigentes esas dos legislaciones que crearon privilegios y el statu quo en el sector hasta el día de hoy.

Siguen rigiéndonos leyes ajenas a las necesidades de conectividad del país, incapaces de comprender y regular las transformaciones tecnológicas y los nuevos paradigmas en las telecomunicaciones. Son ordenamientos que no mencionan la palabra “convergencia”, “digitalización”, “banda ancha” o “Internet”; que no conocen de los nuevos derechos de los usuarios y la competencia en el sector en el mundo abierto y globalizado de la web. Son leyes que no vislumbraron el advenimiento de la Sociedad de la Información ni imaginaron la convergencia o la alfabetización digital. Son leyes del pasado que siguen vigentes en el presente pero que no tienen futuro.

Por todo lo anterior, algunas de las implicaciones de la omisión legislativa son las siguientes:

Económicas:

• Riesgo de colapso de inversión. México está creciendo a menor velocidad que sus pares en América Latina (Brasil, Colombia, Perú, Ecuador y Chile crecen arriba de 5% anualmente) y las expectativas de crecimiento para 2014 dependen del estímulo de capital fresco público (deuda) y privado. Y aunque un rubro estratégico para el crecimiento será sin duda el de las telecomunicaciones, hay incertidumbre en las inversiones del sector. Durante la primera mitad de 2013 hubo una disminución en la inversión privada de 4.2 por ciento y, en contraparte, prácticamente todos los países de América Latina vieron incrementada la inversión en este rubro. En tanto los operadores no conozcan las reglas del juego con base en la legislación secundaria, las empresas están impedidas de prever inversiones futuras para el despliegue de redes de nueva generación, innovación, calidad y adquisición de espectro. Cada día de retraso imposibilita a empresas operadoras e inversionistas del sector, actuar con oportunidad, pues sus ciclos de inversión se definen con un año de anticipación y para el tercer trimestre del año los presupuestos y planes de negocio estarán dirigidos a los mercados más rentables y seguros.

• Incertidumbre en la consolidación del sector. Cada día de retraso abona a un entorno menos atractivo para la inversión nacional y extranjera, así como para la consolidación, compra o fusión de empresas y el fortalecimiento de un mercado más competitivo.

Política Pública:

• Falta de objetivos medibles. Retraso en la implementación de políticas públicas y el fomento a una democracia sin resultados. Recientemente, se presentó la Estrategia Digital Nacional para conducir a México a la Sociedad de la Información y lograr el liderazgo regional en digitalización. Sin embargo, no se mencionaron las metas que se buscan alcanzar a 2018 ni la instancia del gobierno federal responsable de coordinar los trabajos, misma que debería estar contemplada en la esperada legislación secundaria.
• Acceso universal. Retraso en las políticas de acceso universal para hacer crecer los indicadores del sector en los segmentos de telefonía móvil, fija, banda ancha y televisión de paga. Sólo en telefonía móvil México tiene una penetración sólo superior a la de Cuba y Haití.
• Diseño institucional. Falta consolidar el diseño de la Administración Pública de la Política Digital, ya que existe la oficina de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia, la Coordinación de la Sociedad de la Información y la Subsecretaría de Comunicaciones, ambas en la SCT. Diversos proyectos legislativos proponían una oficina de Inclusión Digital con facultades de Coordinación con el poder Legislativo y el nuevo IFT.

Política de espectro:

• Incertidumbre en disponibilidad de espectro en 700 MHz. Retraso e incertidumbre en la creación, planeación y operación de las empresas públicas responsables de administrar la red troncal de fibra óptica para transporte de datos y la red inalámbrica compartida en la banda de 700 MHz. Se ignoran las reglas bajo las cuales operarán en el mercado y cuál será el papel del Estado como operador de redes y regulador del sector.
• Incertidumbre en 2.5 GHz. Incertidumbre en el futuro y la explotación de la banda de 2.5MHz. No se sabe si el gobierno licitará los 130 MHz disponibles en dicha banda para dotar de mayor capacidad a los actuales operadores, o si correrán una suerte similar a la adjudicación de la banda de 700 MHz. De quedar la banda de 2.5 GHz con el mismo destino que la de 700 MHz, es decir, como una red mayorista, estaremos frente a uno de los momentos más críticos en el destino de las inversiones de las telecomunicaciones en México.
• Banda AWS. Desperdicio y costo social de no utilizar los 30 MHz en la banda de 1.7-2.1 GHz que no se asignaron en la Licitación 21, útiles para prestar servicios de banda ancha móvil de nueva generación.
• Uso ineficiente del espectro. Y de la infraestructura actualmente existente por la demora en la prestación de servicios convergentes y en el otorgamiento de licencias únicas de telecomunicaciones.

Debilitamiento del IFT:

• Incertidumbre y cuestionamiento a las resoluciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Recientemente, el regulador notificó a las empresas Televisa y América Móvil el inicio de una investigación para declararlos agentes económicos preponderantes, pero lo hizo sin legislación secundaria. Esa y otras decisiones de la autoridad (como la consulta pública en torno al must-carry ymust-offer) se tornan frágiles porque no están claramente definidos los criterios para declarar dominantes a los operadores. La legislación secundaria podría ir en sentido contrario al de las resoluciones de la autoridad.
• Hoy el IFT carece de las herramientas legales y técnicas para definir la agenda regulatoria de la reforma constitucional. Una resolución (sin ley secundaria) puede ser recurrida mañana (cuando se definan los términos de la regulación).
• Un trato injusto y discriminatorio para los comisionados del IFT, pues se les exigirá el cumplimiento de los plazos que señala la Constitución, pero sin que los partidos en el Congreso hayan cumplido con los suyos.
• Retraso en la licitación de frecuencias para nuevas cadenas de televisión abierta, pues no están definidos en el ordenamiento único convergente los criterios para acceder a la multiprogramación.

Implicaciones sociales:

• Se está esfumando la oportunidad de que por cada 10 por ciento de penetración de banda ancha, el PIB crezca 1.38 por ciento, según estimaciones del Banco Mundial. Asimismo, por cada mil conexiones de banda ancha, el país podría generar 80 nuevos empleos, según un estudio de Ericsson y la consultora Arthur D. Little.
• Por cada mes que México no explota la banda de 700 MHz, el país pierde 30 millones de dólares, según el estudio Beneficios económicos del dividendo digital para América Latina, elaborado por las asociaciones especializadas GSMA y Ahciet.
• Se retrasan las políticas para abatir la pobreza digital y promover la inclusión digital.

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Elige la Amedi a Agustín Ramírez como su nuevo presidente

* Sustituye en el cargo a Aleida Calleja

La Jornada

amediLa Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) eligió por unanimidad a Agustín Ramírez como presidente del Consejo Directivo y a los integrantes de este equipo de trabajo para el periodo 2013-2015.

El plan de trabajo de Ramírez, quien reemplazó en el cargo a Aleida Calleja, consiste en seis ejes, el primero de los cuales es promover la iniciativa ciudadana de ley secundaria en materia de telecomunicaciones, impulsada por la Amedi para que se transforme en marco regulatorio en telecomunicaciones y radiodifusión.

Ramírez buscará poner en marcha un observatorio de las políticas públicas a que se encuentra obligado el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), organismo mediante el cual se vigilará la actuación del órgano regulador, el desempeño individual de los comisionados, su comportamiento en el Pleno y “supervisar que su actuar cotidiano no responda a intereses ajenos a la sociedad”.

Mantendrá el Observatorio de Medios que desde hace años tiene la Amedi, y que ahora tendrá que abordar los términos en que el Ifetel cumplirá con la vigilancia de los contenidos audiovisuales.

El nuevo Consejo continuará con la tarea de demandar que los grupos mediáticos y las corporaciones de telecomunicaciones, como entes de carácter privado dañen los derechos fundamentales de sus usuarios y de las audiencias.

Insistirá en la necesidad de un cambio significativo en los medios públicos para que en su integración y funcionamiento se incorporen principios fundamentales como independencia editorial; garantías de participación ciudadana; reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas; defensa de sus contenidos y opciones de financiamiento, entre otros.

Y promoverá cursos, talleres y diplomados dirigidos tanto al personal académico, como a los alumnos de diversas formaciones y al gremio de periodistas y comunicadores, en colaboración con instituciones de educación superior.

El equipo de trabajo que acompañará a Agustín Ramírez durante su gestión está integrado por Aimée Vega Montiel, en la Coordinación Académica y de Investigación; Graciela Martínez Matías, en la Coordinación de Difusión; Primavera Téllez Girón García, a cargo de la Coordinación Editorial; Jaime Montes Solís, de Coordinación Jurídica; Agustín Pineda Ventura, de la Coordinación de Vinculación Institucional; y Luis Miguel Carriedo Téllez, responsable del Programa Institucional en Medios.

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Invita la AMEDI a foro sobre ley de telecomunicaciones

amedi

La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM invitan al Foro iniciativa ciudadana para una ley convergente de telecomunicaciones y radiodifusión, que tendrá lugar el martes 24 de septiembre a las 16:00 horas en el Auditorio del CEIICH, ubicado en el 5º piso de la Torre II de Humanidades, en Ciudad Universitaria.

Los ponentes en el foro serán Aleida Calleja y Agustín Ramírez, por parte de la AMEDI; Beatriz Solis, de la UAM-Xochimilco; y Raúl Trejo Delarbre, por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Para informes e inscripciones dirigirse con Amelia Arreguin al correo electrónico amelia.arreguin@gmail.com

Cabe señalar que la Coalición Ciudadana Democracia y Medios, encabezada por la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, AMEDI, y conformada por alrededor de 300 organizaciones sociales y cerca de 500 integrantes del ámbito académico, intelectual y artístico, elaboró un proyecto de Ley Secundaria de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que recoge las propuestas sostenidas por estos sectores en materia de libertad de expresión, derecho a la información y derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación.

Dicha iniciativa es una propuesta de ley convergente, que refiere tanto a la prestación de servicios de telecomunicaciones como de radiodifusión. Tiene sus bases en la iniciativa presentada por un grupo plural de legisladores en 2010, elaborada con el apoyo de distintas organizaciones sociales y expertos.

La iniciativa establece con claridad aspectos relacionados con los derechos de las audiencias, los usuarios de telecomunicaciones, la neutralidad de la red, garantizar el acceso a tecnologías de la información y la comunicación. Asimismo contiene los limites a la concentración y los criterios específicos para determinar agentes económicos dominantes tanto en telecomunicaciones como en radiodifusión.

En una mesa redonda sobre los “retos, alcances y limitaciones de la reforma en telecomunicaciones”, celebrada en la Universidad Anáhuac, Calleja consideró esta semana que, en espera de la iniciativa que presente el Gobierno Federal, aquella tendría que ser “como el piso mínimo que deberíamos exigir los organismos ciudadanos, las universidades, los académicos, a los legisladores”.

Dijo que el proceso de elaboración de leyes secundarias será “de lo más complicado”, porque se tienen que hacer las nuevas leyes de Competencia Económica, de Radio y Televisión, de radiodifusión y telecomunicaciones y cambiar 14 ordenamientos jurídicos a otras leyes existentes, para que se haga posible lo que dice la Constitución.

“Yo le llamo a esa parte la madre de todas las batallas, porque ahí es donde van a operar todas las grandes empresas para tratar de que no se trastoquen más su intereses”, planteó.

Por su parte, la presidenta de Observatel, Irene Levy, señaló que en las leyes secundarias algunos poderes fácticos están filtrando sus intereses “para meter un pie en los derechos que se están consolidando en la reforma constitucional”.

Ambas especialistas señalaron que las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones deberán emitirse a más tardar el 9 de diciembre para poner en operación las reformas constitucionales en la materia, a fin de dar pie a los cambios pertinentes.

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Ratifica el Senado a los 7 comisionados del IFETEL

Javier Lozano Alarcón, senador del PAN, fundamentó el dictamen que ratifica a los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Javier Lozano Alarcón, senador del PAN, fundamentó el dictamen que ratifica a los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

El pleno del Senado de la República aprobó, con mayoría calificada, a los siete comisionados del nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones, y designó a Gabriel Oswaldo Contreras como presidente del órgano regulador.

De esta manera, la cámara alta ratificó a Luis Fernando Borjón, Ernesto Estrada, Adriana Labardini, María Elena Estavillo, Gabriel Oswaldo Contreras, Mario Germán Fromow y Adolfo Cuevas Teja, propuestos por el presidente Enrique Peña Nieto el 19 de agosto pasado.

Borjón fue electo hasta febrero de 2016 con 98 votos; Estrada, para febrero de 2017 con 98 votos; Labardini con 99 votos, hasta febrero de 2018; Estavillo, hasta febrero de 2019 con 90 votos; Contreras, a febrero de 2020 con 94 votos; Fromow, febrero de 2021 con 89 votos y Cuevas Teja hasta febrero de 2022 con 81 votos.

En el debate, el panista Javier Lozano explicó el procedimiento por el cual se dictaminó su elección, al exponer que sí se les citó y se les dio derecho de audiencia, luego que el panista Javier Corral y el petista Manuel Bartlett cuestionaron las prisas para someter a votación del pleno un dictamen que les fue circulado minutos antes de la votación ante el pleno.

“Se ha cumplido con el procedimiento”, sostuvo Lozano Alarcón, al agregar que todos y cada uno de los siete candidatos propuestos acreditaron capacidad técnica, conocimientos en la materia y haber satisfecho los requisitos para echar a andar el Ifetel.

Diría que el Ifetel “va a contribuir a que tengamos un sector muchísimo más dinámico que impulse el sector, que a través de la competencia efectiva y con una visión totalmente imparcial y equitativa realmente tengamos una mayor cobertura, más y mejores servicios a mejores tarifas en todo el país”.

En su turno, la perredista Alejandra Barrales, presidenta de la Comisión de Radio y Televisión ponderó que el Ifetel tendrá en sus manos la tarea de definir enfrentar a poderes fácticos, poderosos y por ello es relevante tener un órgano que cuente con la firmeza de poder cumplir con los objetivos de imparcialidad.

Aseguró que el Senado cumple en tiempo con esta obligación de elegir a los comisionados y sostuvo que se actuó con responsabilidad en el proceso de dictaminación.

En el debate, Corral Jurado destacó que sesionar de madrugada con debates somnolientos, no votar en comisiones o recolectar las firmas del dictamen, solamente abonan a esa mala imagen que tiene el Congreso en la ciudadanía, porque se violentan procedimientos y cancelan la posibilidad de discusión de los temas.

En su turno, el perredista Alejandro Encinas coincidió en que la construcción del Ifetel inicia “mal y de malas”, con este apresuramiento, que no permitió desahogar los requisitos de idoneidad.

“Diría que no se desahogó con puntualidad la ausencia de conflictos de interés, que es la preocupación manifestada en la discusión de la reforma constitucional, que era garantizar que el instituto no quede vinculado con los grupos de poderes que gozan de las concesiones.

“Creo que hay candidatos que no resuelven el problema de conflictos de interés”, indicó Encinas, al mencionar los casos de Mario Germán Fromow Rangel, que trabajó ocho años en Telmex y Comité Argos hace apenas tres años. Así como a María Elena Estavillo, que como perito participó en casos de Telefónica y Pegaso.

* Con información del periódico Mileno

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Escuchan senadores a aspirantes al nuevo IFETEL

* “Tomaremos la mejor decisión en la conformación del #Ifetel para tener un órgano que garantice los mejores servicios y precios a la ciudadanía”: Alejandra Barrales.

Foto: Senado de la República

Foto: Senado de la República

Los siete aspirantes a comisionados del nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) comparecieron, por fin, ante comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos del Senado de la República.

Luego de un par de cancelaciones en una semana debido a las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que cerraron el acceso a la sede de la cámara alta, los candidatos justificaron su postulación y, de acuerdo con un reporte de la agencia Notimex, todos prometieron imparcialidad y transparencia, en caso de ser ratificados por el Senado.

Foto: @Ale_BarralesM

Foto: @Ale_BarralesM

Fernando Borjón, uno de los candidatos y actual jefe de la Unidad de Radio y Televisión de la Cofetel, afirmó que si bien existe un largo camino por recorrer en materia regulatoria, la reforma en telecomunicaciones da paso a un importante proceso de transformación.

“Existe un gran camino por recorrer para el nuevo órgano regulador, el trabajo comprometido, la transparencia y la rendición de cuentas permitirán que los propósitos de la reforma se cumplan”, enfatizó.

A su vez, María Elena Estavillo, quien es socia directora de la consultoría Aequum, se pronunció por su parte a favor de promover desde el IFETEL procesos transparentes y garantizar que las decisiones que tome fortalezcan la confianza de los regulados y la ciudadanía en el nuevo órgano regulador.

“Aportaré experiencia, solidez técnica, honestidad, congruencia, independencia y transparencia para cumplir con los retos que establece la Constitución”, subrayó.

En tanto, el abogado Gabriel Contreras prometió que de ser ratificado aportará un enfoque multidisciplinario para contribuir a elaborar un marco regulatorio sólido que permita incentivar la competencia en el mercado.

El actual Consejero Adjunto de Legislación y Estudios Normativos en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, afirmó que buscará desde el pleno del Instituto construir confianza y credibilidad.

De su lado, Ernesto Mario Fromow, refirió que si el Senado ratifica su postulación sus decisiones serán imparciales y a favor del interés público.

“Contribuiré con conocimiento, experiencia y capacidad a la implementación exitosa de la transformación del país a partir de la reforma en materia de telecomunicaciones, el reto lo conozco y estoy identificado con este proyecto de cambio”, dijo.

Mientras, el director de Mercados Regulados y Licitaciones en la Comisión Federal de Competencia (CFC), Ernesto Estrada, afirmó tener el perfil idóneo para contribuir al cumplimiento del mandato del IFETEL establecidas en la Constitución.

“Mi experiencia en la CFC, con alto énfasis en temas de radiodifusión y telecomunicaciones me posiciona para poder asumir las responsabilidades establecidas para el Instituto”.

Adriana Labardini, actual directora de AlConsumidor, enfatizó que durante su trayectoria en el sector telecomunicaciones no ha trabajado para ninguna empresa regulada, lo cual la aleja de cualquier conflicto de interés.

Subrayó que no solo aportará credibilidad y ética, sino también un enfoque a favor de los consumidores de los servicios de telecomunicaciones, para lo cual pidió el voto de confianza de los senadores.

El aspirante Adolfo Cuevas dijo que con las eventuales decisiones que tome si es ratificado buscará nivelar el terreno de juego para generar mayor inversión en el sector.

Finalmente, la presidenta de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado, Alejandra Barrales, escribió en su cuenta de la red social Twitter que los senadores “tomaremos la mejor decisiónen la conformación del #Ifetel para tener un órgano que garantice los mejores servicios y precios a la ciudadanía”.

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Cancelan en Senado comparecencia de aspirantes al IFETEL

* Las protestas de la CNTE obligaron, por segunda vez en una semana, a tomar dicha medida.

senado-ifetelLa Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex) reportó que la comparecencia de los candidatos a comisionados del nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), programada para este martes 3 de septiembre, fue cancelada.

Las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos del Senado argumentaron que no hay condiciones de seguridad ante las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)

El presidente de la comisión de Comunicaciones y Transportes, Javier Lozano, señaló que acordó con la presidenta de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, Alejandra Barrales, suspender la reunión que se tenía programada para las 16:30 horas de este martes.

“Por segunda vez en menos de una semana nos vemos obligados por #CNTE y @ManceraMiguelMx a CANCELAR comparecencia de candidatos al #IFETEL”, escribió el senador Lozano en su cuenta oficial de Twitter.

La ley que contempla una evaluación de los profesores en México pasó este martes al Senado después de su aval en la Cámara baja, lo que provocó nuevas protestas.

Desde las 07:00 horas, miembros de la CNTE marcharon desde el Zócalo hacia la sede de la Cámara alta, donde los legisladores analizarán la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Adriana Labardini, una de las siete personas propuestas por el Ejecutivo federal para integrar el pleno del Instituto, lamentó que las movilizaciones hayan impedido realizar la comparecencia.

“Además de la revisión minuciosa que se hizo y a la selección que llevó a cabo el titular del Ejecutivo, es muy importante que los senadores nos conozcan y que identifiquen nuestra visión, que no haya prejuicios y que a nadie se le dé por seguro ni por descalificado hasta que no seamos escuchados”, argumentó.

Al respecto, el candidato propuesto para ser parte del nuevo órgano regulador, Fernando Borjón, señaló que la decisión de los senadores de cancelar la reunión obedeció a razones de seguridad y por tanto es respetable.

“Seguramente, todos iremos cuando nos convoquen con mucho gusto”, señaló el actual jefe de la Unidad de Sistemas de Radio y Televisión de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).

El 19 de agosto, el presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado sus propuestas de comisionados con base en las listas que elaboró el Comité de Evaluación a partir de un examen de conocimientos y la revisión de requisitos.

Para el Ifetel, el Ejecutivo propuso a Luis Fernando Borjón Figueroa, Ernesto Estrada González, Adriana Sofía Labardini Inzunza, María Elena Estavillo Flores, Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar, Mario Germán.

En la víspera, la organización no gubernamental Artículo 19, de defensa de la libertad de expresión e información, exigió en un comunicado que dichas comparecencias sean públicas y se transmitan por la señal televisiva del Canal del Congreso o en su caso, en su transmisión por internet.

De igual forma, solicitó a las presidentas y presidente de las Comisiones Unidas se lleve a cabo un proceso de deliberación real respecto de la idoneidad de las y los candidatos propuestos y que los dictámenes que se emitan con motivo de la evaluación de cada uno de los candidatos se haga público y se encuentren no sólo debidamente fundado, sino también incluya las razones por las que cada grupo parlamentario decidió el sentido de su voto.

“El Senado tiene en estos momentos la oportunidad de enmendar la opacidad con la cual el Comité de Evaluación realizó los primeros pasos del proceso de designación. De la decisión de quiénes ocupen los cargos de Comisionados de estos órganos dependerá el funcionamiento de estos de acuerdo con los objetivos pensados con la reforma de Telecomunicaciones”, advirtió Artículo 19.

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